La Unión volvió a pedir una medida cautelar para obligar a Discord a implementar cambios en la protección de niños,adolescentes y mujeres.
La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil consideró insuficiente la propuesta de conciliación presentada por Discord y volvió a pedir a la Justicia Federal medidas obligatorias de protección para niños,adolescentes y mujeres en la plataforma.
La manifestación fue presentada el lunes 21 de septiembre ante el 14.º Juzgado Federal Civil del Distrito Federal,en el marco de la acción civil pública promovida por la Unión contra la empresa. La demanda fue presentada el 25 de agosto.
Según la AGU,la propuesta elaborada por Discord después de la audiencia de conciliación del 2 de septiembre tiene carácter genérico,además de incluir excepciones y condiciones que,en opinión del organismo, no abordan los problemas identificados.
“De carácter genérico,con excepciones y condiciones de los más diversos tipos,[la propuesta] no es apta para solucionar la gravedad de los problemas asociados,con la urgencia y el alcance que exige la demanda”,afirmó la Abogacía General en la manifestación.
La audiencia había establecido un plazo de 10 días hábiles para que la plataforma presentara una propuesta,que debía contemplar protocolos para casos de extorsión social,mecanismos para detectar y moderar contenidos de maltrato y crueldad contra animales,preservación y comunicación de datos a las autoridades,además de la creación de una representación de la empresa en Brasil y de canales de denuncia.
Sin embargo,la AGU consideró insuficiente la propuesta y volvió a pedir una medida cautelar para obligar a Discord a adoptar medidas de seguridad.
En la demanda original,presentada el 25 de agosto,la Unión había solicitado,entre otras medidas,una verificación robusta de edad,la vinculación de las cuentas de niños y adolescentes de hasta 16 años con sus responsables,configuraciones de protección activadas por defecto y mecanismos para detectar e interrumpir transmisiones relacionadas con autolesiones,suicidio y violencia extrema,además de 500 millones de reales por daño moral colectivo.
La disputa comenzó después de que el gobierno intensificara las acciones contra Discord tras la muerte de una adolescente de 13 años el 22 de julio,en un caso en el que,según las investigaciones,habría sido inducida a automutilarse y quitarse la vida durante una transmisión en la plataforma.
La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales inició el 7 de agosto un proceso de fiscalización contra Discord para investigar posibles fallas en la protección de niños y adolescentes.